1. Guías escolares alejadas de la realidad
Las denominadas guías de actuación —mal llamadas muchas veces protocolos— suelen exigir a docentes y directivos que intervengan en situaciones complejas para las que no siempre cuentan con formación, herramientas ni respaldo institucional. Esta brecha entre las normas y la realidad puede exponerlos a responsabilidades administrativas e incluso penales, según las circunstancias.
La escuela no puede resolver por sí sola problemas que requieren la intervención coordinada de distintas instituciones. Necesitamos pautas claras, realistas y operativas, no documentos que multipliquen obligaciones sin garantizar los medios para cumplirlas.
2. Una estructura educativa excesivamente burocrática
El sistema educativo bonaerense necesita revisar una organización verticalizada, con múltiples niveles de conducción y gestión, que corre el riesgo de dedicar más esfuerzos a sus propios procedimientos que a la tarea de educar. Cuando las decisiones se demoran y las responsabilidades se diluyen, la burocracia se convierte en un obstáculo.
La estructura administrativa debe estar al servicio de las escuelas, no las escuelas al servicio de la burocracia.
3. La urgente necesidad de un régimen disciplinario escolar efectivo
En ciertos ámbitos, hablar de disciplina parece ser una mala palabra, como si establecer límites fuera incompatible con educar en derechos. No lo es.
Es imprescindible diseñar e implementar un régimen disciplinario escolar firme, claro, proporcional y efectivamente aplicable, que establezca qué conductas son inadmisibles, qué consecuencias corresponden y quién debe intervenir.
Su finalidad debe ser doble: corregir la conducta de quien transgrede las normas y advertir al resto de los estudiantes que las reglas de convivencia no son optativas. Una sanción justa no solo responde a una falta: también puede prevenir su repetición y desalentar conductas similares.
No se trata de promover castigos arbitrarios ni de desconocer las particularidades de cada alumno. Se trata de terminar con la improvisación y garantizar consecuencias previsibles, equitativas y educativas. El diálogo y el acompañamiento son necesarios, pero no pueden convertirse en excusas para evitar toda sanción.
La ausencia de límites no es inclusión, la permisividad no es educación y la autoridad legítima no es autoritarismo. También deben protegerse los derechos de quienes quieren estudiar, enseñar y convivir en un ambiente seguro.
4. La responsabilidad de los organizadores
No conozco todos los detalles sobre la organización de la estudiantina ni cuento con elementos para juzgar la actuación de sus responsables. Sin embargo, todo evento de estas características debe contar con planificación, prevención de riesgos, responsabilidades definidas y mecanismos de intervención ante posibles incidentes. La responsabilidad concreta de cada actor debe determinarse a partir de los hechos comprobados.
En definitiva, no podemos seguir administrando las consecuencias sin corregir las causas. Necesitamos menos burocracia estéril, menos improvisación y más formación, coordinación institucional, prevención y responsabilidad.
La Provincia de Buenos Aires debe afrontar seriamente la necesidad de un régimen disciplinario escolar que permita corregir conductas, proteger a la comunidad educativa y reafirmar el valor de las normas.
Porque los derechos de un alumno no pueden utilizarse para desconocer los derechos de los demás. El derecho a aprender y enseñar en un ambiente seguro también merece protección efectiva.
Una escuela que no corrige las conductas que vulneran la convivencia termina corriendo el riesgo de normalizarlas. Educar no es solamente transmitir conocimientos ni hablar de derechos: también es enseñar que la libertad implica responsabilidades, que las normas se respetan y que los actos tienen consecuencias.
EDUCAR TAMBIÉN ES PONER LÍMITES. Y UNA SOCIEDAD QUE RENUNCIA A HACERLOS CUMPLIR NO ELIMINA LOS CONFLICTOS: RENUNCIA A PREVENIRLOS.
