El tribunal, integrado por los jueces Santiago Corcuera, Alberto Dalla Vía y Daniel Bejas, anuló la resolución del 18 de julio dictada por la jueza federal subrogante de Río Gallegos, Mariel Borruto. Esa resolución había declarado inconstitucionales varios artículos del Código Penal y del Código Nacional Electoral que establecen la inhabilitación absoluta y la exclusión del padrón de las personas condenadas por delitos dolosos.
Los fundamentos del fallo
La CNE basó su decisión en precedentes judiciales, como el caso “Procuración Penitenciaria”, en el que el Tribunal Superior declaró la inconstitucionalidad de las normas sobre el voto de personas condenadas, pero advirtió que corresponde al Congreso revisar la reglamentación vigente y evitar “restricciones genéricas y de carácter automático”.
Asimismo, el tribunal recordó el precedente “Orazi” de la Corte Suprema, que estableció que la habilitación del derecho a voto no puede hacerse de forma genérica, sino que debe evaluarse caso por caso, cumpliendo ciertas “condiciones mínimas”. Entre ellas, se debe iniciar el trámite por solicitud del interesado o del Ministerio Público y verificar que votar sea “jurídica y fácticamente viable”, teniendo en cuenta el tipo de delito que motiva la inhabilitación.
La sentencia de la jueza Borruto, dictada de oficio sin intervención de Cristina Kirchner ni del Ministerio Público, no cumplió con estas condiciones. Por ello, la Cámara Nacional Electoral resolvió revocar la habilitación y dejó a la vicepresidenta fuera del padrón electoral de octubre.
