Es preciso mencionar que, la propuesta fue presentada por el concejal Guido García, quien planteó la necesidad de abandonar el enfoque punitivo que predominó en los últimos años respecto de las aplicaciones de transporte, y avanzar hacia una regulación que contemple la convivencia entre los distintos sistemas de traslado de pasajeros en Mar del Plata, al tiempo que recordó que el debate no es nuevo, sino que se remonta al menos a 2019, cuando su espacio ya se había manifestado en contra de las sanciones aplicadas durante la gestión del exintendente Carlos Arroyo.
En ese marco, García sostuvo que la actividad de las aplicaciones de transporte no puede ser considerada ilegal, una postura que es respaldada por distintos fallos judiciales, y remarcó que su espacio desde 2022 promueve una ordenanza para habilitar formalmente estas plataformas, a lo que se suma otro proyecto presentado en 2024 orientado específicamente a eliminar las sanciones que actualmente recaen sobre los conductores que operan mediante estas herramientas.
“Más de 5 mil marplatenses utilizan las aplicaciones de transporte, lo que evidencia que se trata de una práctica consolidada que ya forma parte de la vida cotidiana de la ciudad. Además, los propios taxistas cuando les resulta conveniente también toman viajes por las plataformas, por lo que ellos también estarían en infracción. Hay que aggiornarse a la realidad y dejar de criminalizarla”, lanzó el concejal de Mar del Plata.
En relación con el funcionamiento del esquema propuesto, el proyecto contempla la creación de un Registro Municipal de Prestadores de Transporte que estaría limitado a residentes del partido de General Pueyrredon, con el objetivo de ordenar la actividad y garantizar que quienes operen dentro del sistema cuenten con habilitación local, mientras que las empresas tecnológicas deberán adecuarse a una regulación consensuada con los distintos actores involucrados.
En cuanto a las tarifas, la iniciativa que García presentó ante el Concejo Deliberante de Mar del Plata abre la posibilidad de que las aplicaciones de transporte opten entre adoptar el esquema tradicional de bajada de bandera o mantener el sistema de tarifa dinámica que caracteriza a estas plataformas, una flexibilidad que podría resultar beneficiosa para los usuarios en la medida en que amplía la oferta de autos disponibles y mejora las condiciones de acceso al servicio.
Por otro lado, el proyecto de la Coalición Cívica también prevé que los taxistas y remiseros ya habilitados puedan operar automáticamente a través de aplicaciones de transporte, lo que implicaría una integración de ambos sistemas, y abre la posibilidad de simplificar algunos requisitos para el sector tradicional, en línea con cambios recientes como la eliminación del derecho que debía abonarse para transferir una licencia.
Finalmente, en materia de seguridad y controles, el edil de Mar del Plata aseguró que los viajes realizados mediante aplicaciones de transporte cuentan con doble cobertura, ya que combinan el seguro civil obligatorio con una protección adicional provista por las plataformas tecnológicas, mientras que en paralelo se evalúa reducir controles municipales y unificar criterios con la normativa provincial, como la eventual eliminación de la verificación local en favor de la Verificación Técnica Vehicular (VTV).
Sin embargo, uno de los puntos del proyecto que ingresó al Concejo Deliberante de Mar del Plata y que aún genera debate es el tipo de licencia requerida, dado que las aplicaciones de transporte rechazan la exigencia de una licencia profesional, es decir, aquella específica para transportar pasajeros, por lo que ese aspecto continuará en discusión durante el tratamiento legislativo.
La guerra entre taxistas y aplicaciones de transporte no cesa en Mar del Plata
Es preciso mencionar que, el conflicto entre taxistas y choferes de aplicaciones de transporte en Mar del Plata no es reciente, sino que arrastra antecedentes concretos que comenzaron, según el concejal García, en 2019. Sin embargo, en diciembre de 2025, la tensión volvió a escalar a partir de las advertencias del vicepresidente de la Federación Nacional de Conductores de Taxis, Darío López, quien alertó sobre el crecimiento de la informalidad en el sector y el impacto directo en los ingresos de los trabajadores.
En ese momento, López sostuvo que existían personas que habían adquirido múltiples vehículos para alquilarlos a choferes de aplicaciones de transporte, lo que configuraba un esquema que profundizaba la competencia desleal, al tiempo que apuntó contra el Ejecutivo local encabezado por Agustín Neme, al remarcar que el Municipio disponía de 500 licencias habilitadas pero retenidas para taxistas, una situación que, afirmó, debía resolverse con mayor claridad y controles.
Asimismo, el dirigente describió un escenario crítico para la actividad, especialmente para los trabajadores del sector, y planteó que la prioridad de los taxistas era sostener su fuente laboral y brindar un servicio adecuado en un contexto marcado por la falta de choferes tras la pandemia, pero también por el avance del transporte no regulado, lo que los obliga a competir “con cartas totalmente distintas”.
En ese marco, López aclaró que el reclamo del sector no buscaba plantearse en términos de victimización, sino que respondía a la necesidad de preservar condiciones laborales frente a un mercado cada vez más desregulado, y enfatizó: “No queremos ser la contención social de nadie, simplemente mantener nuestra fuente de trabajo”, al tiempo que insistió en que los conductores de aplicaciones podrían regularizar su situación accediendo a las licencias disponibles en el ámbito municipal.
Fuente: Diputados Bonaerenses
