De acuerdo con el fallo, que se conoció este martes, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó la apelación del Gobierno y le ordenó implementar de inmediato la Ley de Financiamiento Educativo Universitario y Recomposición del Salario Docente.
En concreto, la medida cautelar exige que la administración pública cumpla con los artículos 5 y 6 de la ley 27.795, que refieren a la actualización de los salarios de docentes y no docentes de las universidades públicas entre el 1 de diciembre de 2023 y la sanción de la norma, en septiembre de 2025. Además, dispone la recomposición de los programas de becas estudiantiles.
En sus argumentos, los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán consideraron “poco serios” los planteos del Gobierno de Javier Milei respecto de que la medida cautelar constituiría una sentencia definitiva encubierta.
Asimismo, remarcaron que el impacto fiscal de la medida es bajo y que no afecta de manera sustancial el interés público. Por el contrario, señalaron que está en juego un derecho central consagrado en la Constitución Nacional, como es la educación superior pública.
La cautelar había sido dictada en diciembre del año pasado por el juez federal Enrique Cormick, en el marco de una acción de amparo promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras entidades del sistema universitario, con el respaldo de más de 40 universidades públicas.
En ese momento, el magistrado consideró que el Decreto 759/2025 —que suspendió la ejecución de la Ley 27.795 y estableció que solo podrá aplicarse cuando se asignen recursos específicos— presentaba rasgos de “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”.
Tras analizar las pruebas, la Cámara confirmó que “el juez de grado resaltó que no se observaba una afectación al interés público, sino que, por el contrario, la falta de cumplimiento de la ley afectaba el derecho a enseñar y aprender”.
Además, los magistrados señalaron que “el Poder Ejecutivo no hizo más que reconocer la existencia y vigencia de una norma legal que dispone la referida pausa y que, como tal, debe ser respetada en virtud del principio de juridicidad”.
El conflicto con las universidades
El conflicto por el financiamiento universitario se arrastra desde 2024, cuando el Congreso aprobó la ley para garantizar la actualización automática de los presupuestos y la recomposición salarial del sector. El presidente Javier Milei vetó la norma, pero ambas cámaras rechazaron ese veto, por lo que la ley quedó firme.
Sin embargo, el Gobierno la promulgó sin asignarle recursos presupuestarios para su implementación. Desde la Casa Rosada sostienen que la norma no establece de manera explícita las fuentes de financiamiento y advierten sobre su impacto fiscal. No obstante, tanto el juez de primera instancia como la Cámara ratificaron que el Ejecutivo deberá cumplirla.
La resolución se conoce en una semana de paro en universidades nacionales, en la que los docentes reclaman una recomposición salarial cercana al 40%, cifra que estiman haber perdido desde la llegada de Milei al poder.
En ese contexto, se prevé una nueva marcha federal universitaria, con fecha tentativa el 23 de abril, que buscará movilizar a docentes, estudiantes y autoridades en defensa del sistema público. Además, se anunciaron otros cinco días de paro para la semana que comenzará el lunes 27 de abril, aunque su concreción dependerá de la evolución del conflicto con el Gobierno.
Fuente: Diarios Bonaerenses
