La medida, oficializada mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, establece un marco general de actuación para el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), que será el encargado de implementar este régimen en los procesos de reurbanización integral. La normativa apunta a ordenar la selección de beneficiarios, la adjudicación de viviendas, los mecanismos de control y la organización de la convivencia entre adjudicatarios.
Nuevas reglas para adjudicar viviendas sociales
El decreto también faculta al OPISU a diseñar programas específicos para cada proyecto, en los que se definirán aspectos clave como el valor de las viviendas, los plazos de pago y la posibilidad de aplicar quitas o planes especiales en casos de extrema vulnerabilidad socioeconómica. En este sentido, se establece que los valores no podrán incluir las mejoras realizadas por los vecinos ni la valorización del suelo.
Asimismo, la norma dispone que el régimen aprobado será complementado, en los aspectos no previstos, por el Decreto N° 134/17, que regula la adjudicación de viviendas sociales en la provincia de Buenos Aires, y exceptúa estos procesos de otras disposiciones administrativas para agilizar su implementación.
La iniciativa se enmarca en la política de acceso justo al hábitat establecida por la Ley N° 14.449 y en los principios constitucionales que promueven el acceso a la vivienda, contemplando tanto la construcción de nuevas unidades como la regularización de barrios informales. Además, se prevé la intervención de la Escribanía General de Gobierno en la formalización de los actos notariales necesarios para garantizar la seguridad jurídica de las adjudicaciones y titularizaciones.
Fuente: Diarios Bonaerenses
