Torres, junto a los ministros Hilda Kogan y Daniel Soria, además del procurador general Julio Conte Grand, leyó un discurso en el que solicitó al Ejecutivo provincial y a diputados y senadores que impulsen las herramientas necesarias para resolver dos problemáticas que atraviesa el Poder Judicial: la cuestión presupuestaria y el nombramiento de cargos vacantes.
“Este superior tribunal se encuentra inéditamente desintegrado”, señaló Torres al explicar que desde hace seis años la Corte funciona con solo tres de los siete integrantes que debería tener. “La cobertura de las vacantes en la Corte no es una cuestión administrativa: es una condición institucional básica para garantizar el gobierno del Poder Judicial, la planificación estratégica, la adopción de decisiones estructurales y el ejercicio pleno de las competencias”, agregó.
El titular del tribunal realizó además un repaso histórico sobre el proceso que llevó a que la Corte pasara de nueve integrantes en los años 90 a los siete actuales. “Transcurrieron 2.292 días desde la primera vacante y casi 800 desde su desintegración por la renuncia del doctor Luis Genoud”, reclamó, al tiempo que advirtió sobre las dificultades que implica trabajar con solo tres ministros en votaciones clave.
Acuerdos para ampliar la Corte
La intención es que antes de la feria judicial de julio los cuatro cargos vacantes queden cubiertos. Uno de los puntos centrales de la negociación pasa por la distribución política de esos lugares y los sectores que impulsarán los pliegos que luego deberán ser aprobados por el Senado bonaerense.
El principio de acuerdo alcanzado contempla que tres candidatos sean propuestos por el peronismo y uno por la oposición. Dentro de ese esquema, uno respondería al kicillofismo, otro al cristinismo, un tercero al massismo y el representante opositor sería impulsado por el radicalismo.
En ese marco, Torres aclaró que el déficit en la cobertura de cargos no afecta únicamente a la Corte y recordó que en otros momentos se llegó a registrar unas 700 vacantes en todo el sistema judicial. Si bien destacó el esfuerzo del gobierno provincial para concretar 412 designaciones durante 2025, pidió que en 2026 se continúe con esa política para “cubrir las más de 200 vacantes aún pendientes”.
El reclamo por autonomía financiera
Otro de los principales reclamos de la Corte estuvo vinculado con la necesidad de contar con independencia presupuestaria para administrar sus recursos.
“No hay independencia judicial posible sin autarquía financiera. Un poder judicial que depende de otro poder para definir su presupuesto está inevitablemente condicionado”, sostuvo Torres.
Al fundamentar el pedido para que la Legislatura apruebe el proyecto denominado “Fortalecimiento del Poder Judicial”, el magistrado recordó que el 90% del presupuesto judicial se destina al pago de salarios. “No hay independencia real sin autonomía financiera ni servicio de justicia eficaz sin capacidad de gestión”, afirmó.
Con el respaldo explícito de distintos sectores del ámbito judicial, el acto funcionó como una señal política hacia los otros poderes del Estado, en momentos en que vuelve a instalarse el debate sobre el funcionamiento y la calidad institucional. Tras el discurso, los integrantes de la Corte, junto con representantes del Colegio de Magistrados, el Colegio de Abogados y la Asociación Judicial Bonaerense, firmaron el proyecto que será enviado a la Legislatura bonaerense.
Fuente: Diarios Bonaerenses
