A través de un comunicado de prensa, desde el espacio político cuestionaron la medida y consideraron que “suspender por vía cautelar una ley del Congreso excede las atribuciones del Poder Judicial”.
El PRO destacó que el nuevo régimen incorpora al sistema de responsabilidad penal a adolescentes de 14 y 15 años en los casos contemplados por la normativa. Al mismo tiempo, señalaron que no desconocen la obligación del Estado de garantizar condiciones dignas de alojamiento y el respeto de los derechos de las personas sometidas a un proceso penal.
Sin embargo, desde el espacio sostuvieron que existen “deficiencias de infraestructura, de recursos humanos y de capacidad operativa” por parte del Estado provincial para implementar la nueva legislación.
“Las falencias del Estado no pueden resolverse impidiendo que la ley se aplique”, afirmaron.
El comunicado también plantea su preocupación por la decisión en el contexto de la problemática de inseguridad que atraviesa la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, remarcaron que detrás de cada delito existe una víctima y que el Estado tiene la obligación de garantizar su protección.
“Garantizar la protección integral de los adolescentes y procurar su reinserción social no es incompatible con exigirles responsabilidad por sus actos”, expresaron.
Finalmente, desde el PRO Balcarce señalaron que garantizar condiciones dignas de detención y brindar seguridad a los ciudadanos “no se contraponen”, sino que constituyen obligaciones que el Estado debe cumplir de manera simultánea.
El comunicado lleva las firmas de Diego Cerone y Carolina Gizzi.
