La iniciativa, presentada por el diputado Facundo Tignanelli, busca crear un Régimen Provincial de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento de Consumidores. La propuesta contempla que el organismo que conduce Guido Lorenzino, además de atender los casos, ofrezca una instancia prejudicial obligatoria para facilitar la reestructuración de deudas y prevenir abusos por parte de financieras, plataformas digitales y agencias de cobranza.
“Apuntamos a ganar escala en la negociación colectiva para las y los bonaerenses que están desesperados, y poner la negociación en criterios de proporcionalidad y racionalidad frente a la mala fe de muchos acreedores”, expresó Lorenzino.
En esa línea, señaló que “buscamos ser justos para las dos partes, mediante negociaciones que se realicen de la forma más fácil y práctica, y pidiendo dejar de lado la hostilidad y el maltrato que sufren las personas que se encuentran en esta situación”.
Por su parte, Tignanelli sostuvo: “Buscamos que el Estado pueda igualar el poder que tienen las empresas, por eso pensamos en este mecanismo de negociación colectiva de las deudas. El modelo económico actual generó un nivel de endeudamiento como nunca se vio y tenemos que pensar en todas las estrategias posibles para ayudar a las personas”.
El proyecto plantea dejar de abordar cada deuda de manera aislada y propone analizar la situación económica integral de la persona, con el objetivo de evitar que un acuerdo con un acreedor termine imposibilitando el cumplimiento de otras obligaciones.
A su vez, los acreedores tendrán la obligación de participar y colaborar en el proceso. La incomparecencia, la falta de respuesta, la negativa injustificada a brindar información, la presentación de datos falsos o la implementación de maniobras dilatorias serán consideradas incumplimientos.
La propuesta apunta a facilitar la regularización de las deudas, preservar condiciones razonables de subsistencia para la persona deudora y su grupo familiar, evitar el crecimiento desproporcionado de intereses, gastos, comisiones o cargos, y promover soluciones acordes con la capacidad económica real de cada caso.
También busca favorecer la conservación del crédito y el cumplimiento posible de las obligaciones, prevenir prácticas abusivas en el otorgamiento, administración y cobranza de créditos, reducir la judicialización y garantizar condiciones dignas, transparentes y no abusivas durante los procesos de cobro.
El asesoramiento de la Defensoría será gratuito y permitirá coordinar negociaciones entre las y los consumidores y sus acreedores. En caso de convertirse en ley, esta instancia será obligatoria antes de que el conflicto pueda avanzar por la vía judicial.
