A través de un mensaje difundido en redes sociales, la organización sostuvo que la medida representa un “gravísimo acto de persecución institucional, amedrentamiento y censura” contra la ciencia pública y cuestionó que se avance contra una investigadora por el trabajo realizado en torno a la contaminación ambiental y sus posibles efectos sobre la salud.
En ese sentido, destacó las investigaciones encabezadas por Aparicio en el marco del proyecto SPRINT y afirmó que los estudios permitieron detectar la presencia de plaguicidas, entre ellos glifosato y sus metabolitos, en distintos componentes del ambiente, como el aire, el agua, el suelo y el polvo de los hogares, además de señalar la detección de estos compuestos en muestras humanas.
“La doctora Aparicio ha liderado investigaciones clave en el marco del proyecto SPRINT”, señaló La Cámpora, que consideró que pretender sancionar o expulsar a una científica por hacer públicos los resultados de sus investigaciones “atenta contra la libertad académica y el derecho a la información”.
La organización vinculó además esta situación con el debate sobre el uso de agroquímicos en los actuales modelos productivos y sostuvo que su utilización “desmedida e indiscriminada” representa, a su criterio, una amenaza para la salud humana y el ambiente.
Entre los argumentos expuestos, hizo referencia a la clasificación del glifosato realizada por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), dependiente de la Organización Mundial de la Salud, que lo incluyó en el Grupo 2A, correspondiente a sustancias “probablemente carcinógenas para los humanos”. También mencionó investigaciones que analizan posibles vínculos entre la exposición a plaguicidas y enfermedades neurodegenerativas, trastornos del desarrollo infantil, alteraciones endocrinas, problemas respiratorios y afecciones reproductivas.
En su pronunciamiento, La Cámpora Balcarce puso especial énfasis en la situación de las poblaciones rurales y periurbanas, a las que consideró particularmente expuestas a las fumigaciones y a los efectos derivados de la utilización de agroquímicos.
“Castigar a la ciencia que advierte sobre estos riesgos es pretender ocultar la fiebre rompiendo el termómetro”, sostuvo la organización, al reclamar que el INTA mantenga su función vinculada con la investigación, la innovación y el abordaje de problemáticas ambientales y sanitarias.
Asimismo, cuestionó que el organismo pueda convertirse en un ámbito de “censura” frente a investigaciones cuyos resultados resulten incómodos para determinados sectores del agronegocio.
Los reclamos
En el cierre del comunicado, La Cámpora Balcarce planteó una serie de reclamos vinculados con la situación de Aparicio y con las investigaciones sobre contaminación por agroquímicos.
En primer lugar, exigió “el cese irrestricto de cualquier proceso de sumario o pedido de exoneración contra Virginia Aparicio”.
También reclamó “el pleno respaldo institucional y presupuesto para la continuidad de las líneas de investigación independientes sobre contaminación por agroquímicos”.
Por otra parte, solicitó que se respete el derecho constitucional a un ambiente sano, establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, y reclamó garantías para la protección de la salud pública.
“La ciencia que cuida la vida no se censura, se defiende”, expresó finalmente La Cámpora Balcarce, que cerró su pronunciamiento con la consigna: “¡La salud del Pueblo no es negociable!”.
