El dictamen de La Libertad Avanza y sus aliados respetaría los límites del 15% de tope a la extranjerización a nivel nacional, provincial y departamental, pero eliminará el tope de 1.000 hectáreas en las zonas núcleo del país.
El propósito de la estrategia de recuperar una versión “light” de la Ley de Tierras es, por un lado, quintarle incentivos a la oposición para voltear el decreto 70/23 en la sesión del jueves, y por el otro flexibilizar los límites para la extranjerización de tierras mientras la Justicia se toma su tiempo para definir la cuestión de fondo sobre los planteos en torno a la derogación de la ley 26.737 del 2011.
El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General se reunirá este miércoles a las 16 hs para retomar el tratamiento del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que el oficialismo aprobó hace más de dos meses en el Senado en medio de grandes dificultades.
De hecho, la lectura predominante fue que aquella medio sanción significó una derrota para el Gobierno, ya que a la presidenta del bloque libertario, Patricia Bullrich, al verse en minoría, no le quedó más remedio que quitar los capítulos que buscaban eliminar la Ley de Tierras, la Ley de Manejo del Fuego y la Ley de Integración Sociourbana de barrios de emergencia.
El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada fue incluido en el temario de la sesión convocada por el oficialismo para el 21 de octubre junto a otras iniciativas como la de Discapacidad y sobreendeudamiento familiar.
Si bien el Gobierno está filosóficamente en contra de cualquier restricción a la compraventa de tierras rurales a extranjeros, dio un giro pragmático al darse cuenta que era una batalla perdida socialmente, y que si insistía con la derogación de la norma, la oposición podía llevarse puesto no solamente la derogación de la Ley de Tierras sino el DNU 70/23 completo en la sesión de este jueves.
Irónicamente, la Corte Suprema le dio una mano al oficialismo con su último fallo por el cual aceptó dar lugar al pedido de una cautelar a favor de la ONG Árbol de Pie para reponer la vigencia de la Ley de Tierras.
Fuente: Diario Popular
