El organismo que conduce Guido Lorenzino había advertido que la derogación de la normativa eliminó mecanismos de control, el mapa dominial y las restricciones para la adquisición de campos por parte de titulares extranjeros. Según planteó, esta situación pone en riesgo el conocimiento del territorio y la protección ambiental, especialmente en distritos con una alta concentración de tierras en manos extranjeras, como Campana y Zárate.
A partir de la presentación de la Defensoría, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N.º 4 de La Plata le otorgó un plazo de cinco días al Ministerio de Justicia de la Nación para informar hasta qué fecha fueron actualizadas las bases de datos y garantizar la conservación íntegra de los antecedentes registrales recopilados durante los últimos 15 años.
“No podemos permitir que la flexibilización o la falta de controles deje a las y los bonaerenses a ciegas sobre la soberanía de sus recursos naturales y del suelo rural”, sostuvo Lorenzino.
El titular de la Defensoría agregó que “proteger la información pública sobre nuestro territorio es central para garantizar la sustentabilidad ambiental y los derechos de las futuras generaciones”.
En su resolución, el juzgado consideró que la pérdida o alteración de esta información podría generar un daño irreversible para la planificación territorial y el desarrollo sostenible de la provincia de Buenos Aires.
