El dictamen contó con el acompañamiento de La Libertad Avanza (LLA), el bloque Justicialista, el PRO, la UCR y representantes de bloques provinciales.
La iniciativa fue abordada en el ámbito de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano, presididas por Agustín Monteverde y Alicia Kirchner, respectivamente.
La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, destacó el consenso alcanzado y sostuvo que “el objetivo de superar la emergencia le ha dado a este Congreso un rol de encontrar una salida y no la pelea permanente”.
En ese sentido, remarcó la importancia de garantizar la compatibilidad entre las pensiones por discapacidad y el empleo registrado, al considerar que el acceso al trabajo constituye una herramienta fundamental para favorecer la integración y la autonomía de las personas.
También puso de relieve la continuidad de los beneficios destinados a empleadores que incorporen trabajadores por tiempo indeterminado, el régimen de empleo protegido y la cobertura sanitaria.
“Si hay algo que ayuda a superar los problemas que puede tener una familia con personas con discapacidad es que puedan trabajar y ser integradas en la totalidad de sus posibilidades”, expresó.
La sanción de la nueva normativa representa un objetivo importante para el Gobierno nacional, que busca responder a los reclamos de los bloques aliados para garantizar la continuidad de las prestaciones una vez finalizada la vigencia de la legislación de emergencia aprobada el año pasado, que fue vetada por el presidente Javier Milei.
Los principales puntos del proyecto
La iniciativa conserva aspectos centrales de la legislación anterior, entre ellos la vigencia del Certificado Único de Discapacidad (CUD), la actualización mensual de las prestaciones de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el mantenimiento de las pensiones no contributivas, que podrán ser compatibles con un empleo registrado.
Una de las principales modificaciones es la eliminación del concepto de “emergencia”, aunque se mantienen los mecanismos destinados a garantizar la asistencia y las prestaciones.
Además, el oficialismo incorporó al texto las partidas presupuestarias previstas para financiar las medidas contempladas. Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo de implementación alcanzaría los 598.912 millones de pesos durante 2027.
Otro cambio establece expresamente en la ley los requisitos para acceder a las pensiones por discapacidad, en lugar de dejar su definición exclusivamente en manos del Poder Ejecutivo.
Por otra parte, el proyecto garantiza la continuidad del programa de atención médica y cobertura sanitaria destinado a beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez laboral o discapacidad, actualmente conocido como Incluir Salud.
Finalmente, se establecen plazos para regularizar las deudas por compensaciones con los prestadores de servicios. El cronograma de pagos deberá notificarse dentro de los 30 días corridos posteriores a la entrada en vigencia de la ley, mientras que la cancelación total deberá concretarse en un plazo máximo de 90 días.
Fuente: Diario Popular
