La iniciativa surge ante los reiterados reclamos de vecinos por las molestias ocasionadas por vehículos que circulan con sistemas de escape antirreglamentarios, especialmente durante la noche y en sectores residenciales de la ciudad.
Según se desprende de la propuesta, el objetivo es brindar una solución definitiva a esta problemática, fortalecer las herramientas de control del Municipio y recuperar la tranquilidad de los vecinos afectados por los ruidos molestos.
En ese sentido, Petruccelli tomó como referencia la experiencia de San Nicolás, municipio que, según destacó en la presentación, logró avanzar en el control de estas conductas mediante la aplicación de medidas más severas y herramientas de fiscalización.
El proyecto propone prohibir tanto la circulación como el estacionamiento en la vía pública de vehículos que posean escapes libres, silenciadores deficientes o dispositivos destinados a incrementar el nivel sonoro. También contempla sanciones para quienes realicen aceleraciones bruscas, cortes de encendido, detonaciones o maniobras intencionales que provoquen ruidos molestos.
Multas de hasta 1.000 unidades fijas
Uno de los puntos centrales de la propuesta establece multas de entre 300 y 1.000 Unidades Fijas (UF), cuyo valor se determina de acuerdo con la normativa vigente para las infracciones de tránsito en la provincia de Buenos Aires.
Además, los agentes de control podrán disponer la retención preventiva del vehículo cuando resulte necesario para hacer cesar la infracción, así como retirar los dispositivos o sistemas de escape que originen los ruidos.
Las unidades secuestradas quedarán a disposición del Juzgado de Faltas Municipal, organismo encargado de determinar las sanciones correspondientes.
Decomiso y compactación de vehículos
La iniciativa contempla una de las medidas más severas para aquellos casos considerados graves o reiterados: la posibilidad de disponer el decomiso definitivo del vehículo y su posterior compactación.
Esta sanción no será automática, sino que deberá ser determinada por el Juzgado de Faltas mediante una resolución fundada, teniendo en cuenta la gravedad de la conducta, la reincidencia y las circunstancias particulares de cada infracción.
El proyecto también establece que los escapes antirreglamentarios decomisados podrán ser inutilizados o compactados, impidiendo que vuelvan a utilizarse en vehículos que circulen por la vía pública.
Desde el espacio político señalaron que estas medidas buscan terminar con las situaciones de impunidad en las calles y establecer consecuencias concretas para quienes incumplan reiteradamente las normas de convivencia.
Responsabilidad para talleres y mecánicos
Otro aspecto de la propuesta apunta a quienes instalen, modifiquen o reparen sistemas de escape con la finalidad de incrementar deliberadamente las emisiones sonoras.
En estos casos, los talleres, mecánicos o responsables de las modificaciones podrán ser considerados solidariamente responsables y recibir las sanciones correspondientes, independientemente de las que se apliquen al propietario o conductor del vehículo.
Plazo para reparar escapes dañados
El proyecto también contempla situaciones en las que el ruido excesivo sea consecuencia de una rotura fortuita del sistema de escape.
En esos casos, el conductor será notificado y dispondrá de un plazo de hasta 72 horas para acreditar la reparación o el reemplazo del elemento defectuoso. Si no cumple con esa exigencia, podrá ser sancionado conforme a la nueva normativa.
Por otra parte, para recuperar un vehículo retenido será necesario regularizar el sistema de escape, abonar la multa cuando corresponda, afrontar los gastos de acarreo y guarda, y presentar la documentación y el seguro obligatorio.
Campaña de concientización
La propuesta impulsada por Petruccelli también establece que el Departamento Ejecutivo Municipal deberá implementar una campaña de prevención y concientización para informar a la comunidad sobre las conductas prohibidas y las sanciones previstas.
Esta campaña deberá comenzar dentro de los 40 días posteriores a la promulgación de la ordenanza, mientras que el Ejecutivo tendrá un plazo de 60 días para reglamentarla.
Finalmente, la iniciativa plantea derogar la Ordenanza Nº 75/24 y modificar el Código Contravencional Municipal para unificar las disposiciones relacionadas con los escapes antirreglamentarios.
