La medida se formalizó mediante el Decreto 647/2025, publicado este miércoles 10 de septiembre, y representa un rechazo directo a la iniciativa sancionada por el Congreso el pasado 21 de agosto.
La decisión del Ejecutivo, en un contexto de tensión con las universidades por recortes presupuestarios, fue confirmada por fuentes oficiales. El veto promete generar un nuevo capítulo de conflicto con el sector educativo y con la oposición parlamentaria, que impulsó la norma.
Puntos clave del proyecto vetado
El Proyecto de Ley de “Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente” Nº 27.795 buscaba:
- Garantizar el financiamiento universitario: Establecía como objetivo “asegurar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en todo el país”.
- Partidas presupuestarias específicas: Ordenaba al Poder Ejecutivo definir fondos para el programa 26 “Desarrollo de la Educación Superior”, destinados a:
- Afianzar el ingreso, permanencia y terminalidad del estudiantado.
- Garantizar la formación continua.
- Asegurar condiciones laborales y salariales de docentes y no docentes.
- Incrementar recursos para tecnología digital.
- Fortalecer la capacitación del personal universitario.
- Ampliar la oferta de carreras universitarias y preuniversitarias.
- Promover la extensión universitaria.
- Desarrollar la investigación.
- Mantener infraestructura y equipamiento.
- Impulsar la internacionalización inclusiva de la enseñanza, investigación y extensión.
- Profundizar programas de bienestar estudiantil e incrementar la inversión en becas.
- Actualización por IPC: La norma encomendaba al Ejecutivo actualizar al 1 de enero de 2025 los gastos de funcionamiento de las universidades públicas según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2024.
El Gobierno fundamenta el veto en la necesidad de mantener control sobre el gasto público y evitar lo que considera una intromisión del Congreso en las competencias del Ejecutivo para administrar los recursos del Estado. No obstante, la medida abre un nuevo frente de conflicto con un sector que reclama mayores fondos para garantizar la calidad y accesibilidad de la educación superior.
