La iniciativa lleva el nombre de “Ley Rodrigo” en homenaje al soldado Rodrigo Gómez, quien semanas atrás se quitó la vida en la Quinta de Olivos tras haber sido víctima de una extorsión telefónica. La investigación judicial arrojó que el delito se organizó desde la cárcel bonaerense de Magdalena y fue efectuado por familiares de los detenidos en aquella unidad penitenciaria. Justamente, la propia jueza Arroyo Salgado dictó la prisión preventiva para siete personas acusadas de formar esa organización criminal.
En rigor, en su proyecto Liberman propone dejar sin efecto el “Protocolo para el uso de teléfonos celulares”, un esquema dictado durante 2020 en la pandemia del coronavirus para facilitar la comunicación de los internos ante las restricciones sanitarias.
Asimismo, modifica el inciso 5 del artículo 0 de la Ley de Ejecución Penal bonaerense para establecer que las personas recluidas de su libertad solo podrán tener una comunicación telefónica con los dispositivos móviles provistos y controlados por el Servicio Penitenciario.
En ese sentido, el tiempo de comunicación por interno estará limitado a un máximo de dos horas diarias y solo podrán comunicarse con hasta 5 personas, que serán autorizadas por medio de un listado realizado por el propio detenido y elevado al oficial de turno. El Servicio Penitenciario deberá supervisar dichos contactos para “garantizar la seguridad del establecimiento y la protección del orden público y de las víctimas”.
En caso de que no se garantice ninguna de estas cuestiones, la autoridad penitenciaria podrá solicitar al juez competente la restricción o interrupción de las comunicaciones personales o telefónicas. La medida deberá tener un plazo “determinado y razonable” que podrá ser prorrogado fundamente, el cual cesará a la par que se resuelva la acción o el evento que motivó la prohibición.
Además, el proyecto prevé la instalación de sistemas de inhibición de señal de telefonía móvil y transmisión de datos en los pabellones de internos, e incita al Servicio Penitenciario a promover medidas de control permanentes, como requisas periódicas de celdas, controles tecnológicos para detectar celulares y acciones preventivas para evitar el ingreso de elementos prohibidos.
La normativa fija un procedimiento para que los internos entreguen sus celulares. Dentro de los diez días posteriores a la promulgación de la ley, el Servicio Penitenciario deberá notificar a los detenidos para que cedan sus dispositivos en un plazo de 24 horas, los cuales podrán ser retirados por familiares luego de seis meses. Los dispositivos electrónicos que no estén registrados deberán ser destruidos en un acto público ante un escribano y, en caso de resistencia, los agentes penitenciarios podrán requisar celdas y espacios comunes como así también tendrán la potestad de aplicarle sanciones a los responsables.
“Hoy muchos delincuentes siguen cometiendo delitos desde prisión usando celulares y acceso a internet. Estafas, extorsiones y coordinación de robos se organizan desde adentro de las cárceles. El caso del soldado Rodrigo Gómez mostró con crudeza esta realidad. Una banda que operaba desde un penal lo extorsionó y lo llevó a una situación desesperante que terminó en tragedia. Las cárceles no pueden seguir funcionando como centros de operaciones del delito. Quien está preso debe cumplir su condena, no seguir manejando redes criminales desde un teléfono”, escribió Liberman sobre su “Ley Rodrigo”.
Vale aclarar que, además de Liberman, el proyecto lleva la firma de los libertarios Agustín Romo, Héctor Gay, Carla Pannelli, Fernanda Coitinho, Luis Ontiveros, Nahuel Sotelo, Francisco Adorni, Gastón Abonjo, Pablo Morillo, Ramón Vera Chávez, Silvina Vitale, Analia Corvino, Maximiliano Bondarenko y Geraldine Calvella.
