Preocupación por el servicio eléctrico: EDEA habla de “insolvencia” de la Cooperativa de Electricidad

La situación del servicio eléctrico en Balcarce ha alcanzado un punto de extrema vulnerabilidad. La Empresa Distribuidora de Energía Atlántica (EDEA) —compañía encargada de abastecer a más de un millón y medio de personas en Mar del Plata, Miramar y gran parte de la costa atlántica— remitió una notificación formal al intendente Esteban Reino, en su carácter de titular del Ejecutivo, en la que detalla un escenario de “insolvencia” por parte de la Cooperativa de Electricidad “General Balcarce Ltda.”.

Una deuda de dimensiones millonarias

El informe técnico-legal firmado por el director de Legales de EDEA, Fernando Pini, indica que la cooperativa ha incurrido en un “incumplimiento sistémico”, adeudando la totalidad de las facturas por compra de energía desde el período 6 de 2024.

A la fecha, la deuda acumulada asciende a $22.674.868.307,26. Si se toma como referencia el tipo de cambio actual, la cifra representa un pasivo que supera los 15 millones de dólares.

La preocupación de la distribuidora radica en que la brecha financiera se ensancha mes a mes. Según se señala, mientras EDEA factura un promedio de $1.500 millones mensuales, la cooperativa solo abona cerca de $400 millones. De acuerdo con la empresa, la entidad local percibe y recauda los fondos de los usuarios balcarceños, pero no cumple con el pago de su principal insumo.

El conflicto también escala al plano político e institucional. EDEA recordó en su misiva que la Municipalidad de Balcarce, en su carácter de poder concedente, es responsable de velar por el cumplimiento de los deberes de la concesionaria.

Esta advertencia cobra relevancia en el ámbito local, donde en reiteradas oportunidades desde el Concejo Deliberante se habían pedido informes al Departamento Ejecutivo para esclarecer la situación interna de la cooperativa y determinar quién ejercía el rol de delegado municipal, figura que debe actuar como veedor del Estado dentro de la entidad para garantizar la transparencia y el control de los servicios públicos. Las comunicaciones, presentadas entre 2023 y 2025, nunca fueron respondidas por la gestión radical.

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