El fallo, firmado por el juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez, hace lugar a una acción de amparo ambiental presentada por el Gobierno municipal y el Concejo Deliberante de El Calafate, ciudad santacruceña considerada puerta de entrada al Parque Nacional Los Glaciares, donde se encuentra, entre otros, el glaciar Perito Moreno.
La resolución judicial dispone la suspensión, dentro del territorio de Santa Cruz, de los efectos de la reforma aprobada por el Parlamento el pasado 9 de abril y promulgada posteriormente por el Poder Ejecutivo.
Asimismo, el magistrado ordenó al Estado nacional que “se abstenga de aplicar, ejecutar o autorizar, en el territorio de la provincia de Santa Cruz, cualquier acto administrativo o decisión que tenga fundamento en la normativa cuya suspensión” fue dispuesta.
En su presentación judicial, junto a legisladores provinciales y nacionales, las autoridades de El Calafate reclamaron que la reforma aprobada por el Congreso argentino sea declarada inconstitucional.
Polémica reforma
La reforma, cuyo debate fue impulsado por el Gobierno nacional, otorga a las provincias la potestad de determinar las zonas periglaciales (cercanas a los glaciares) en las que se podrían habilitar actividades mineras.
La norma modifica la ley sancionada en 2010 en Argentina —considerada pionera en Latinoamérica—, que establece la protección de los glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua.
El Gobierno de Milei sostuvo que esta modificación era necesaria para contribuir al desarrollo económico del país mediante el impulso a la minería, un sector que actualmente registra fuertes inversiones, principalmente en litio, cobre y oro.
Por su parte, las empresas mineras argumentan que no todos los ambientes periglaciales constituyen “reservas estratégicas de recursos hídricos” que deban ser protegidas, y que una evaluación caso por caso por parte de las provincias podría habilitar proyectos productivos en áreas cercanas a los glaciares “sin función hídrica relevante”.
La discusión de esta ley desató una fuerte reacción de rechazo entre organizaciones ambientalistas, que advierten que están en juego importantes reservas de agua y sostienen que no se puede permitir que los intereses de empresas privadas prevalezcan sobre los derechos colectivos a un ambiente sano, consagrados en la Constitución Nacional.
Otro amparo
Además del amparo presentado en Santa Cruz, el Gobierno de La Pampa promovió una acción colectiva contra la reforma de la Ley de Glaciares, en la que plantea su “inconstitucionalidad y nulidad absoluta”.
En su presentación, la provincia señaló que, si bien no posee glaciares en su territorio, se abastece de agua del río Colorado, que nace en un área glacial de la Cordillera de los Andes.
La disputa judicial en curso tiene un antecedente relevante: en 2019, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la constitucionalidad de la ley de 2010 al fallar en una causa iniciada en 2011 por la empresa minera Barrick Gold y la provincia de San Juan.
En aquella sentencia, el máximo tribunal reafirmó que los glaciares y el ambiente periglacial son bienes de carácter público y que, en situaciones de conflicto, los derechos colectivos —como el acceso al agua— prevalecen sobre los intereses individuales.
Fuente: EFE Verde
