El eje central de la propuesta, impulsada por la concejal Liliana Piccolo, establece que la sanción no se aplicará de manera automática, sino únicamente cuando exista una notificación previa y fehaciente por parte de autoridades escolares u organismos competentes y, aun así, los adultos no adopten medidas para frenar la conducta. Según el texto, la responsabilidad se configura ante la inacción, el desinterés, la falta de cooperación o la negativa a intervenir para evitar la reiteración de los hechos.
El proyecto se apoya en el régimen de responsabilidad parental establecido en el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, que fija deberes de cuidado, orientación y formación sobre los hijos menores. En ese marco, sostiene que los progenitores son responsables por los daños que causen sus hijos y que ese deber también alcanza a situaciones de acoso escolar.
La iniciativa establece multas que van del 0,50% al 60% del valor de referencia municipal para quienes incumplan esas obligaciones, con posibilidad de duplicarse en casos de reincidencia. Ese valor de referencia equivale a 100 salarios mínimos del personal municipal, actualmente de $377.295, por lo que las multas comenzarían en $188.647 y llegarían a $22.637.740 en el caso del 60%, pudiendo superar los $45 millones para reincidentes.
A su vez, contempla excepciones, como situaciones en las que el adulto esté privado de la responsabilidad parental, tenga restringido el contacto o no pueda intervenir por decisiones judiciales vigentes.
Otro de los puntos incluidos amplía el alcance del proyecto más allá del ámbito escolar. Se prevén sanciones para mayores de edad que ejerzan violencia física o verbal —o instiguen a otros a hacerlo— en contextos deportivos donde participen niños, niñas o adolescentes, en respuesta a episodios registrados en ese tipo de entornos.
En los fundamentos, se plantea que actualmente la carga de intervención recae en gran medida sobre las instituciones educativas, que no siempre cuentan con herramientas suficientes ni les corresponde suplir el rol de la familia. En ese sentido, el proyecto busca reforzar la responsabilidad de los adultos en la formación y conducta de los menores.
Además, se establece que el Departamento Ejecutivo deberá elaborar un protocolo de actuación para estos casos y que lo recaudado por las multas será destinado a programas de capacitación y prevención del bullying.
Fuente: 0223
