El hecho ocurrió en 2011, cuando un procedimiento llevado adelante por personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) terminó con una persecución que finalizó en la intersección de avenida Gonzales Chaves y calle 9, donde Federico recibió un disparo que le provocó la muerte.
Tras una extensa investigación y un juicio oral, en junio de 2013 el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 condenó al suboficial Waldemar Chazarreta a 15 años de prisión por el homicidio del adolescente. La sentencia fue dictada por los jueces Pablo Viñas, Facundo Gómez Urso y Juan Sebastián Galarreta, quienes resolvieron por mayoría mantener el beneficio de la prisión domiciliaria hasta que el fallo quedara firme.
Durante el proceso, el fiscal Rodolfo Moure había solicitado una pena de 11 años al considerar que se trató de un homicidio con dolo eventual, mientras que la querella, en representación de la familia Taja, pidió 19 años de prisión al sostener que existió intención de matar. La defensa, por su parte, reclamó la absolución al entender que el efectivo había actuado dentro de sus funciones.
Tiempo después, la Cámara de Casación Penal confirmó las deficiencias del procedimiento policial y ratificó la existencia de dolo en el accionar del agente, aunque la condena fue reducida de 15 a 12 años de prisión.
En una de sus resoluciones, los magistrados señalaron que el operativo "no se adecuó a las prescripciones legales y culminó con la muerte" de Federico. Además, calificaron el accionar policial como un procedimiento temerario, destacando que ocho efectivos armados persiguieron a un joven desarmado sobre el que no existían indicios de que representara un peligro.
El fallo también advirtió sobre la falta de profesionalismo y las deficiencias en la capacitación de parte del personal policial, instando a las autoridades del Ministerio de Seguridad bonaerense a revisar los mecanismos de formación de la fuerza.
Pese a la condena, Chazarreta permaneció durante años con el beneficio del arresto domiciliario en su ciudad natal, situación que fue cuestionada en reiteradas oportunidades por la familia de Federico.
Quince años después de aquel trágico episodio, el nombre de Federico Taja continúa presente en la memoria de Balcarce como símbolo del reclamo de verdad, justicia y de la necesidad de garantizar procedimientos policiales ajustados a la ley y al respeto por los derechos humanos.
