Todo comenzó en agosto de 2013, cuando el matrimonio conformado por Lucía Sosa y Javier Picard trasladó durante la madrugada a su bebé de cinco meses al Hospital Materno Infantil. La pequeña falleció a raíz de un paro cardiorrespiratorio. La denuncia fue recepcionada por una oficial de la Comisaría de la Mujer.
Tres años después, el 8 de octubre de 2016, la historia volvió a repetirse. La pareja llevó al Hospital Materno Infantil a Yazmín, de 11 meses, argumentando que presentaba problemas respiratorios. En esa oportunidad, una trabajadora social advirtió que la situación merecía una intervención y se comunicó con la misma oficial policial que había tomado conocimiento del primer caso. Dos días más tarde, el 10 de octubre, la beba falleció. La autopsia reveló lesiones anales y estableció como causa del deceso un paro cardiorrespiratorio.
A partir de esos elementos, la Justicia ordenó la detención de ambos progenitores, quienes permanecieron prófugos durante nueve días hasta ser capturados y trasladados a la Unidad Penal de Batán, donde cumplieron prisión preventiva.
La investigación atravesó distintas etapas. Inicialmente estuvo a cargo de una fiscal que recibió cuestionamientos y posteriormente fue derivada al fiscal Fernando Berlingeri. Entre el 14 y el 23 de agosto se desarrolló el juicio oral y público ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 3, integrado por los jueces Fabián Riquert y Juan Manuel Sueyro. El 24 de agosto ambos imputados fueron absueltos por considerar el tribunal que no existían pruebas suficientes para una condena. Durante el proceso, la defensa contó con el respaldo de la perito psicóloga Patricia Gordon, quien sostuvo que la pareja había sido víctima de violencia institucional.
Tras la absolución, Picard y Sosa se radicaron en Villa Gesell en 2019 y posteriormente se separaron. Lucía Sosa formó una nueva pareja con un hombre de apellido Aguirre, padre de sus dos hijos más pequeños.
Sin embargo, una década después de aquellos hechos, una nueva tragedia volvió a encender todas las alarmas. El 20 de julio de este año, Isabela, de 2 años y 11 meses, ingresó broncoaspirada al Hospital de Villa Gesell, donde finalmente falleció.
Fue una vecina, identificada como Lola, quien comenzó a investigar y denunció que la madre de la niña tenía antecedentes de otras dos hijas fallecidas en circunstancias similares.
En este contexto también sobresale el trabajo de la Dra. Erika Hoofft Suárez, quien durante años intervino para proteger a los menores que lograron sobrevivir y evitar que permanecieran en un contexto de riesgo. Entre ellos se encuentra Lucas, hoy un joven que fue adoptado y creció en un entorno familiar de amor y contención.
Más allá de lo que determine la investigación judicial en curso, esta historia obliga a preguntarse si el sistema de protección de la infancia respondió con la eficacia que una situación de estas características requería. Cuando existen antecedentes tan graves, cada señal de alerta merece ser atendida con la máxima responsabilidad.
Ahora será la Justicia de Dolores la que deberá establecer las responsabilidades que correspondan. Por la memoria de las tres niñas fallecidas, por quienes trabajaron para proteger a los sobrevivientes y por todos los niños que dependen de un Estado capaz de actuar a tiempo, la sociedad espera que esta vez la verdad pueda esclarecerse y que, si corresponde, haya justicia.
