La iniciativa busca determinar si los dispositivos utilizados para la constatación de infracciones se encuentran debidamente autorizados, homologados y habilitados, además de conocer quién valida las infracciones, cómo se incorporan las firmas a las actas y cuál es el destino de los recursos económicos generados por el sistema.
El planteo surge a partir de la recepción de multas de tránsito constatadas mediante dispositivos electrónicos. En ese marco, Guillén sostiene que, antes de aplicar una sanción y exigir su pago, el Municipio debe poder acreditar que el procedimiento utilizado se encuentra ajustado a la normativa vigente.
El proyecto solicita al Ejecutivo que remita al Concejo Deliberante copia íntegra y actualizada de los convenios, contratos, licitaciones, prórrogas, adendas y demás instrumentos vinculados con el sistema, incluyendo los celebrados con la Provincia de Buenos Aires y con la empresa proveedora.
También se requiere un detalle de la totalidad de los dispositivos de constatación automática o semiautomática instalados o utilizados actualmente en el Partido de Balcarce.
Por cada equipo, el Municipio deberá informar su ubicación, marca, modelo, número de serie, tipo de infracción que constata, fecha de puesta en funcionamiento y acto administrativo que autorizó su emplazamiento y utilización. Asimismo, se solicitan las correspondientes constancias de homologación, verificación o certificación vigente.
¿Quién valida las multas?
Otro de los puntos centrales del pedido de información está relacionado con el procedimiento que se desarrolla desde que un dispositivo detecta una presunta infracción hasta la emisión y notificación del acta.
El proyecto solicita conocer si existe una revisión y validación humana previa a la emisión de las multas, quiénes son los funcionarios municipales y provinciales habilitados para realizar esa tarea y qué sistema de trazabilidad se utiliza para determinar quién validó cada infracción y en qué fecha.
También se pide información sobre el mecanismo mediante el cual se incorporan a las actas las firmas de las autoridades de constatación municipales y provinciales.
Las actas que continúan llegando con la firma del exdirector de Tránsito
Uno de los aspectos señalados en el proyecto está relacionado con actas de infracción que, según se plantea, continúan llegando a vecinos con la firma de quien se desempeñaba como director de Tránsito y Nocturnidad del Municipio, pese a su posterior renuncia y cese en el cargo.
En ese sentido, la iniciativa solicita que el Ejecutivo informe la fecha efectiva de cese del exfuncionario y si, con posterioridad, fueron emitidas, validadas o notificadas actas en las que continuara figurando su nombre, identificación o firma como autoridad de constatación.
En caso de que esto haya ocurrido, se pide individualizar las actas involucradas y explicar el procedimiento mediante el cual fue incorporada esa firma.
El objetivo es establecer quién valida efectivamente cada infracción, cuándo se realiza esa validación y bajo qué autoridad se incorpora la firma que figura en las multas notificadas a los vecinos.
¿Cuánto se recauda y cómo se distribuyen los fondos?
PEl proyecto también apunta a conocer el impacto económico del sistema y el destino de los recursos generados.
En ese sentido, se solicita informar la cantidad total de actas emitidas desde la implementación de las fotomultas, discriminadas por año, indicando cuántas fueron abonadas, recurridas o anuladas.
Además, el Ejecutivo deberá precisar cuánto dinero ingresó efectivamente a las arcas municipales y cuál es el régimen de distribución de los recursos entre el Municipio, la Provincia de Buenos Aires, la empresa proveedora y/o terceros, según corresponda.
Por otra parte, se solicita conocer qué medidas de señalización, información y concientización fueron implementadas en cada uno de los puntos de control actualmente operativos.
“Controlar el tránsito sí; cobrar sin transparencia, no”
La iniciativa aclara que no cuestiona la necesidad de controlar el tránsito ni de sancionar a quienes efectivamente cometan infracciones.
El planteo apunta a que el Estado debe garantizar el cumplimiento de todas las normas y procedimientos vinculados con la constatación, validación y aplicación de las multas.
“Si un vecino cometió una infracción y el procedimiento fue realizado correctamente, deberá hacerse responsable. Pero antes de cobrarle, el Municipio tiene que poder demostrar que el equipo estaba autorizado y homologado, que la infracción fue correctamente validada y que quien aparece firmando el acta tenía competencia para hacerlo”, sostuvo Guillén.
El concejal agregó: “Queremos algo muy sencillo: saber quién multa, quién valida, quién firma y a dónde va el dinero. Si todo está en regla, el Municipio no debería tener ningún inconveniente en brindar toda esta información”.
El proyecto busca aportar mayor transparencia y certezas sobre el funcionamiento de un sistema que tiene consecuencias económicas directas para los vecinos de Balcarce.
