Si bien los hijos de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner no fueron condenados en el expediente, determinados bienes vinculados a ambos fueron incluidos en el procedimiento patrimonial. La discusión sobre la procedencia del decomiso todavía tiene pendiente de resolución un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia.
La decisión fue adoptada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, quienes analizaron las impugnaciones contra una resolución del Tribunal Oral Federal N° 2. El pasado 14 de septiembre, ese tribunal había rechazado los planteos destinados a detener las actuaciones patrimoniales.
El abogado Luis Joel Goldin, representante de Máximo y Florencia Kirchner, cuestionó la decisión de continuar con el procedimiento mientras la Corte Suprema no se pronuncie sobre el recurso pendiente.
La defensa argumentó que avanzar con las medidas podría afectar garantías constitucionales, entre ellas el debido proceso, el derecho de defensa y el derecho de propiedad. También sostuvo que una eventual resolución favorable del máximo tribunal podría perder eficacia si previamente se ejecutara el decomiso.
El planteo también involucró a las sociedades Hotesur S.A. y Los Sauces S.A., en las que Máximo y Florencia Kirchner poseen participación accionaria.
Sebastián José Sánchez, director titular de ambas empresas, presentó un recurso para cuestionar el mantenimiento de los embargos sobre 13 inmuebles. Según su presentación, las medidas afectan activos de considerable valor y perjudican el funcionamiento comercial de las compañías, cuyos patrimonios son jurídicamente independientes de los de sus accionistas.
Sin embargo, la Cámara de Casación consideró que los recursos no reunían los requisitos necesarios para habilitar su intervención.
Los magistrados señalaron que la resolución cuestionada no constituye una sentencia definitiva ni una decisión equiparable, debido a que no pone fin al proceso ni impide la continuidad de las actuaciones.
Además, explicaron que el tribunal oral no había rechazado definitivamente los pedidos de las defensas, sino que había postergado su tratamiento. En consecuencia, entendieron que no se acreditó un perjuicio concreto, actual y de imposible reparación posterior.
Respecto de los embargos, los jueces remarcaron que se trata de medidas preventivas que no modifican la titularidad de los inmuebles ni determinan anticipadamente su destino definitivo. También aclararon que la existencia de un recurso pendiente ante la Corte Suprema no impide avanzar con actuaciones preparatorias destinadas a garantizar la eventual ejecución del decomiso.
En relación con Hotesur y Los Sauces, la Cámara sostuvo que las empresas podrán ejercer su derecho de defensa cuando se debata formalmente la posible afectación de sus bienes, ya que el pedido del Ministerio Público Fiscal todavía no fue sometido a discusión entre las partes.
Finalmente, los tres magistrados coincidieron en rechazar los recursos, por lo que el procedimiento patrimonial podrá continuar mientras se aguarda una definición de la Corte Suprema sobre las cuestiones pendientes.
Fuente: Diario Popular
