La discusión se produjo durante el tratamiento de un proyecto de Comunicación presentado por la concejal de Fuerza Patria, Sol Di Gerónimo, mediante el cual se solicita al Departamento Ejecutivo la realización de tareas de saneamiento, limpieza y desobstrucción de cunetas en calle 48, entre avenidas Primera Junta (1) y avenida Italia (107).
Si bien el expediente apuntaba específicamente a una problemática ambiental y sanitaria, el debate derivó rápidamente hacia las condiciones de vida de las familias asentadas en ese sector de la ciudad.
Un reclamo que va más allá de las cunetas
Al defender la iniciativa, Di Gerónimo explicó que el pedido surgió a partir de reclamos de vecinos que viven en la zona y enfrentan múltiples dificultades vinculadas a la falta de infraestructura básica.
La concejal sostuvo que el sector presenta problemas de saneamiento, acumulación de residuos y obstrucción de desagües, una situación que, según indicó, impacta directamente en la salud de quienes residen allí.
Asimismo, recordó que desde hace varios años viene impulsando distintos proyectos relacionados con las condiciones de habitabilidad del lugar, donde numerosas familias carecen de servicios esenciales.
La edil también hizo referencia a la existencia de conexiones eléctricas precarias y a la falta de respuestas concretas para resolver problemas que, según afirmó, se han agravado con el paso del tiempo.
La preocupación por la situación dominial
Varios concejales acompañaron el pedido de saneamiento, aunque plantearon reparos respecto de la situación legal de los terrenos.
El concejal de la Libertad Avanza, Enrique Guillén, advirtió que algunas familias podrían haber sido víctimas de una estafa al adquirir lotes de personas que no serían sus legítimos propietarios y señaló que el crecimiento del asentamiento agrava progresivamente la problemática.
En la misma línea, otros ediles recordaron que en años anteriores se realizaron actuaciones administrativas para determinar la situación dominial de los inmuebles y remarcaron que la falta de documentación dificulta la posibilidad de avanzar con determinadas prestaciones o conexiones de servicios.
El debate también incluyó referencias a la necesidad de resguardar el derecho de propiedad y a las limitaciones legales existentes para extender determinados beneficios cuando la titularidad de los terrenos no está acreditada.
Scioli pidió no perder de vista el objetivo del proyecto
En el tramo final de la discusión, el concejal de Somos, Gonzalo Scioli, intentó encauzar el debate y aclarar algunos aspectos que, a su entender, podían generar confusión respecto de la situación de las familias asentadas en la zona de calle 48 y avenida Italia (107).
El edil comenzó rechazando cualquier planteo que pusiera en duda la preocupación de los concejales por la realidad que atraviesan los vecinos del sector.
“Acá ninguno de nosotros, ninguno de los concejales presentes, es indiferente a la situación de esas familias. Por supuesto que nos importa. No caigamos en la discusión de si a alguien le importa o no, porque esa no es la cuestión de fondo”, expresó.
Posteriormente se refirió al debate sobre las conexiones de servicios y explicó que existen diferencias normativas entre el acceso al agua y a la energía eléctrica. En ese sentido, sostuvo que, si alguna persona cuenta con suministro eléctrico sin poseer la documentación requerida, corresponde a la Cooperativa de Electricidad explicar esa situación y no al Municipio.
Scioli señaló además que la legislación vigente contempla que familias en situación de vulnerabilidad puedan acceder a determinados servicios básicos aun cuando no tengan regularizada la situación dominial de los terrenos.
“El agua y las cloacas no tienen el mismo valor legal que la energía eléctrica en materia posesoria. Son normativas distintas. Una familia vulnerable puede acceder al agua o a las cloacas si se acredita esa condición, pero no ocurre lo mismo con la energía eléctrica”, explicó.
El concejal también respondió a las referencias realizadas durante el debate sobre el antecedente de avenida Suipacha (32) y calle 103. Recordó que el HCD debió intervenir años atrás para dejar sin efecto un convenio firmado por una gestión municipal anterior con el propietario de esas tierras.
Según afirmó, aquel acuerdo contemplaba que el Municipio realizara obras de infraestructura a cambio de lotes que presentaban serios inconvenientes y cuyo costo habría significado un importante perjuicio económico para las arcas comunales.
“Ese convenio iba claramente en contra de los intereses del Municipio y por eso fue dejado sin efecto. Si vamos a hablar de la historia de estos sectores, tenemos que contarla completa”, remarcó.
