La iniciativa establece que no podrán ser designadas aquellas personas que registren condenas por delitos vinculados a la corrupción, contra la administración pública, el orden económico y financiero, la seguridad de la Nación o el orden constitucional. Asimismo, contempla impedimentos para quienes hayan sido condenados por femicidio, violencia de género o abuso sexual.
La medida alcanzaría a funcionarios de la estructura política del Departamento Ejecutivo, entre ellos secretarios, subsecretarios y directores, además de los secretarios del Concejo Deliberante.
Entre los fundamentos del proyecto, Scioli señala la necesidad de fortalecer la transparencia institucional, promover la ética en el ejercicio de la función pública y prevenir situaciones relacionadas con hechos de corrupción dentro del Estado.
La propuesta también toma como referencia antecedentes de distintas provincias argentinas que ya cuentan con normativas similares y cita principios consagrados en la Constitución Nacional y en tratados internacionales vinculados con la integridad pública y la lucha contra la corrupción.
El proyecto ingresó formalmente al Concejo Deliberante y deberá ser analizado por las comisiones correspondientes. Una vez cumplida esa instancia, podrá ser tratado en el recinto para su debate y eventual aprobación.
La iniciativa se suma al debate que desde hace años se desarrolla en distintos niveles del Estado sobre la implementación de mecanismos destinados a garantizar mayores estándares de transparencia y fortalecer la confianza ciudadana en el ejercicio de la función pública.
