La medida fue adoptada a pedido de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que busca dejar el predio libre de ocupantes para que el Gobierno nacional pueda avanzar con su objetivo de concesionar el complejo.
En su resolución, el juez federal subrogante Bernardo Bibel señaló que el predio pertenece al Estado nacional y aclaró que “esta controversia no se circunscribe a la existencia de un contrato de concesión, permiso de uso documentado o cualquier otro título jurídico realizado entre la parte actora y el o los aquí demandados”.
Según agregó, “tampoco se ha promovido la acción en base a ningún título administrativo actualmente extinto”, por lo que se trata, entonces, “de la constatación de la mera presencia de intrusos y/o ocupantes de carácter irregular”.
El magistrado consideró que “se encuentra debidamente acreditada la notificación previa efectuada en los términos de la Ley Nº 17.091, así como el vencimiento del plazo de diez días allí conferido”. También recordó que hubo una intimación extrajudicial que no derivó en la devolución voluntaria de la unidad, el Café del Lago, por lo que “se corroboran los presupuestos necesarios” para disponer el desalojo.
Con esos argumentos, dispuso “hacer lugar a la solicitud de lanzamiento formulada” y ordenó que “se haga efectivo el desalojo inmediato de cualquier intruso y/o ocupante (…) con el auxilio de la fuerza pública solo en el caso de ser necesario, adoptando las medidas de seguridad que, en uso de su poder de policía, crean convenientes para la protección de las personas y a efectos de evitar que la unidad vuelva a ser intrusada”.
Según la resolución, los oficiales de justicia intervinientes “contarán con todas aquellas facultades” que reglamentariamente se les han asignado, entre ellas requerir el auxilio de la fuerza pública, allanar domicilios y violentar cerraduras mediante la asistencia de un cerrajero para ingresar al inmueble. En caso de ser necesario, también podrán solicitar asistencia médica.
El mismo juez ya había ordenado el desalojo de la Escuela de Surf, otro de los inmuebles ubicados en la Unidad Turística Chapadmalal. Además, rechazó la medida cautelar presentada por la firma que explota el restaurante La Barraca de Chapa, con la que pretendía suspender los efectos de los actos administrativos vinculados con la intimación formulada por la AABE para que deje el inmueble.
Fuente: Diario La Capital
