En el caso del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, distintos sectores de la oposición advierten que detrás de las sanciones económicas previstas para empresas que exploten recursos en las Islas Malvinas se intenta incorporar una serie de disposiciones destinadas a reorganizar el sistema de seguridad nacional y, según sostienen, afectar la libertad de expresión.
La redacción del proyecto generó cuestionamientos no solamente entre los sectores más duros de la oposición, sino también dentro de los bloques dialoguistas. Por ese motivo, difícilmente el texto pueda avanzar sin una revisión de algunos de sus principales puntos.
Confiado en sus posibilidades de avanzar, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, definirá en los próximos días los giros del proyecto. Ya están confirmadas las comisiones de Defensa y Relaciones Exteriores, aunque se prevé que sean incorporadas otras comisiones, y posteriormente se activará un cronograma de trabajo.
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la intención del oficialismo es obtener dictamen para la iniciativa de Soberanía Nacional antes del inicio del tratamiento del proyecto de Presupuesto 2027, previsto para el miércoles 7 de octubre en la comisión homónima, presidida por Bertie Benegas Lynch.
Los problemas del oficialismo no terminan allí. También deberá encontrar una salida para el proyecto vinculado con la discapacidad, un tema que se convirtió en uno de los principales focos de tensión para La Libertad Avanza, en un contexto marcado por sucesivas derrotas legislativas entre fines de 2024 y 2025.
Luego de que el pasado 9 de septiembre la oposición lograra forzar un emplazamiento de comisiones que obliga al oficialismo a avanzar con el tratamiento del tema, La Libertad Avanza inició una ronda de negociaciones con los bloques aliados para trabajar en un “proyecto superador” al presentado por la oposición, aunque hasta el momento no brindó precisiones sobre el contenido de la iniciativa.
La tensión aumentó cuando los principales referentes libertarios en el Congreso —entre ellos Laura Rodríguez Machado, Silvana Giudici, Martín Menem y Patricia Bullrich— recibieron la información de que el Presupuesto enviado por la Casa Rosada no contemplaba algunos de los compromisos asumidos con los bloques aliados para sostener un esquema de protección social y actualización de aranceles para los prestadores.
En ese contexto, el presidente de la Cámara baja tuvo que brindar explicaciones a referentes de los bloques dialoguistas con los que intentaba recomponer la relación y, al mismo tiempo, contener a diputadas como Rodríguez Machado, que habían respaldado ante los aliados la posibilidad de avanzar con un proyecto “superador”.
El plan de gestión de crisis consistió en garantizar a los distintos sectores que el oficialismo impulsaría efectivamente un dictamen propio y que los aspectos del Presupuesto vinculados con el sistema de discapacidad serían modificados para mantener coherencia con el proyecto de ley.
Altas fuentes parlamentarias de La Libertad Avanza consultadas por la Agencia Noticias Argentinas señalaron que el oficialismo “está muy cerca” de cerrar un acuerdo con los bloques aliados en torno a un dictamen sobre discapacidad.
Según indicaron, la propuesta contemplaría elevar los requisitos para acceder a una pensión por discapacidad y establecer una actualización bimestral de los aranceles de los prestadores, en lugar de la indexación mensual contemplada en la legislación de emergencia vigente.
Sin embargo, diputados nacionales de Provincias Unidas y Argentina Federal consultados por este medio reconocieron la existencia de conversaciones, aunque negaron que exista un acuerdo avanzado.
“Hubo una primera convocatoria, pero después de lo del Presupuesto me parece que se complica”, señalaron desde Provincias Unidas.
En Argentina Federal, en tanto, aclararon a NA que trabajan sobre la base de “un dictamen propio” y que están “intentando consensuar con el resto” de la oposición.
Por último, en relación con el proyecto que se debate en comisiones sobre el alivio de la morosidad familiar, el oficialismo trabaja sobre un esquema que no contempla una intervención directa sobre las tasas de interés, como propone la oposición más dura.
La iniciativa oficial apunta, en cambio, a incorporar mecanismos de advertencia al usuario, herramientas de educación financiera y un sistema de doble autenticación para determinadas operaciones.
Fuente: Noticias Argentinas
